Las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto y recompensas por 19 activistas pro-democracia que viven en el extranjero, acusándolos de subversión y participación en el 'Parlamento no oficial de Hong Kong'. La medida ha provocado una fuerte condena por parte del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia, quienes acusan a Hong Kong y Beijing de represión transnacional y de socavar las normas legales internacionales. Los críticos argumentan que estas acciones amenazan la soberanía y seguridad de otros países y representan una escalada en la represión de la disidencia. Los activistas señalados, muchos de los cuales son ciudadanos o residentes de países occidentales, enfrentan un riesgo personal significativo ya que Hong Kong ofrece recompensas sustanciales por información que conduzca a su arresto. La comunidad internacional está pidiendo el fin de estas medidas extraterritoriales y la protección de la libertad de expresión.
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