¿Deberían las comunidades indígenas tener el poder de vetar proyectos mineros y de desarrollo en sus tierras ancestrales?

Normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT exigen a los gobiernos consultar a los pueblos indígenas sobre proyectos que les afecten, pero si esto implica un derecho vinculante a decir 'no' es un tema muy debatido en América Latina. Aunque las constituciones suelen declarar al Estado como propietario de los recursos del subsuelo, los grupos indígenas argumentan que sus derechos territoriales no tienen sentido sin el poder de bloquear proyectos dañinos. Los proponentes argumentan que sin poder de veto, las comunidades son impotentes para detener la devastación ambiental. Los opositores sostienen que los recursos naturales son activos nacionales estratégicos y permitir que las comunidades locales bloqueen el desarrollo toma como rehén a la economía nacional.